Según informa este periódico, el 11 de noviembre, hora local, España vivió una huelga general a gran escala y manifestaciones por primera vez en 14 años. Las cifras de participación en la huelga difieren notablemente según las distintas fuentes: los sindicatos estiman, en un cálculo preliminar, que unos 4 millones de trabajadores se sumaron a la huelga, mientras que algunas organizaciones de inquilinos prevén que la cifra máxima podría acercarse a los 5 millones; mientras que las asociaciones patronales consideran que la participación global ha sido baja y afirman que la mayoría de los sectores han funcionado con normalidad, con grandes diferencias en el grado de participación entre distintas regiones y sectores. La huelga se ha extendido por las principales ciudades del país, provocando interrupciones generalizadas del transporte, enfrentamientos puntuales en las calles y el cierre de comercios, lo que, sumado a la fecha clave de las elecciones parlamentarias anticipadas del 29 de noviembre, la ha convertido en el acontecimiento social y de interés público más destacado de los últimos tiempos en España.

Esta huelga general fue convocada conjuntamente por los dos principales sindicatos españoles —Comités de Trabajadores y Confederación General del Trabajo— y sus reivindicaciones se centraron en los acuciantes problemas sociales de la población. En los últimos años, el continuo aumento de los alquileres en España, la grave escasez de viviendas sociales y el elevado coste de la vida, sumados a la continua merma del poder adquisitivo de los salarios, han provocado un creciente descontento social. Este año, el fallecimiento de un inquilino de 87 años tras ser desahuciado ha exacerbado por completo el malestar público y se ha convertido en uno de los principales detonantes de esta huelga a gran escala. Además, la ciudadanía exige al Gobierno que optimice el sistema de servicios públicos y adopte políticas de protección social eficaces para aliviar la presión sobre las personas más desfavorecidas. La huelga ha tenido mayor repercusión en los sectores de la fabricación de automóviles y la logística portuaria, donde la participación en algunas fábricas y puertos ha alcanzado el 90 %; la respuesta ha sido, en general, mayor en las zonas costeras que en las del interior.

La ola de huelgas ha arrasado las principales ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, Málaga y Valladolid, y la situación es tensa en muchos lugares. Un gran número de manifestantes salió a las calles; en algunas zonas se produjeron bloqueos de carreteras y concentraciones de protesta, mientras que en unas pocas se registraron enfrentamientos y conflictos entre la policía y la ciudadanía. Según comunicados oficiales, hasta la tarde del día 11, la policía había detenido en todo el país a decenas de personas por presuntos delitos de alteración del orden público, resistencia a la autoridad y agresión a agentes; las cifras de detenidos varían ligeramente según los distintos medios de comunicación.

Esta huelga ha asestado un duro golpe al sistema de transporte español, sometiendo a una gran presión a los servicios públicos terrestres, marítimos y aéreos. La Dirección General de Tráfico ha informado de que en Madrid y en la Comunidad Autónoma de Cataluña se han bloqueado numerosas autopistas y arterias principales de las ciudades, lo que ha provocado un colapso generalizado del tráfico urbano. El transporte ferroviario se ha visto especialmente afectado: se han cancelado alrededor del 24 % de los servicios de trenes de alta velocidad y de larga distancia en todo el país, y más del 10 % de los servicios de trenes de cercanías han dejado de funcionar. Al mismo tiempo, se vieron obligados a cancelarse numerosos vuelos, y el funcionamiento de importantes nodos de transporte —como el puerto de Barcelona y las estaciones de tren— se vio obstaculizado, lo que limitó de forma generalizada los desplazamientos de la población y el transporte logístico interregional.

Cabe destacar que esta huelga coincide con un momento político crucial en España. Tras el fracaso en el Parlamento de dos decretos clave del Gobierno español sobre la reforma de la vivienda, el presidente Sánchez anunció el 5 de octubre la convocatoria de elecciones generales anticipadas, cuya votación está prevista para el 29 de noviembre. La combinación de las dificultades de la población con las maniobras políticas ha acentuado aún más la relevancia social y política de esta huelga, lo que también ejerce una enorme presión sobre la aplicación de las futuras políticas sociales del partido en el poder.

Por el momento, el orden se está restableciendo gradualmente en toda España, aunque ni los sindicatos ni la patronal, ni tampoco el Gobierno, han presentado aún soluciones concretas. Según los análisis del sector, esta huelga a gran escala ha puesto de manifiesto las profundas deficiencias del sistema de vivienda, la distribución salarial y los servicios públicos en España. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, las cuestiones relacionadas con el bienestar de la población podrían convertirse en el tema central de esta contienda electoral, por lo que la orientación de las políticas futuras es objeto de gran atención por parte de todos los sectores de la sociedad.